La pesca ilegal en Argentina ha experimentado un alarmante aumento en los últimos años, constituyendo una seria amenaza para la sostenibilidad de los recursos marinos y el bienestar de las comunidades costeras. Se estima que aproximadamente el 30% de la actividad pesquera en aguas argentinas se lleva a cabo de manera ilegal, lo que equivale a millones de toneladas de especies marinas extraídas sin ningún tipo de control ni regulación.

Este fenómeno se materializa a través de la incursión ilegal de barcos extranjeros en la plataforma marítima argentina, infringiendo límites y normativas destinadas a proteger la biodiversidad marina. Entre las principales especies buscadas por los pescadores ilegales se encuentran el calamar, la merluza, el langostino y el atún, recursos altamente comerciales cuya sobreexplotación puede tener consecuencias devastadoras para los ecosistemas y las comunidades ribereñas.

La pesca ilegal no solo impacta en la disminución de las poblaciones de peces, sino que también causa daños irreparables a los hábitats marinos y pone en riesgo la biodiversidad regional. Además, implica la captura incidental de mamíferos marinos, aves, tortugas y tiburones, que suelen ser descartados sin vida, contribuyendo así a uno de los mayores impactos ambientales de la pesca comercial moderna.



Los efectos negativos de la pesca ilegal se extienden a diferentes aspectos del ecosistema marino:

• Sobreexplotación de especies: La falta de respeto a los límites de captura establecidos conduce a la extracción descontrolada de especies, afectando su capacidad de reproducción y comprometiendo el equilibrio natural de los ecosistemas marinos.
• Daño a hábitats marinos: El uso de métodos destructivos, como redes de arrastre y explosivos, ocasiona la degradación de hábitats fundamentales como los arrecifes de coral y los lechos de algas, impactando negativamente en la biodiversidad.
• Desbalance en la cadena alimentaria: La extracción excesiva de ciertas especies altera la cadena alimentaria, generando efectos adversos en la estructura y dinámica de las comunidades marinas.
• Introducción de especies invasoras: El transporte de especies entre distintas regiones puede propiciar la aparición de especies invasoras, con consecuencias perjudiciales para las especies nativas y los ecosistemas locales.
• Impacto en la biodiversidad: La disminución de ciertas especies puede tener efectos en cascada sobre otras, reduciendo la resiliencia de los ecosistemas frente a cambios ambientales y amenazas adicionales.

Además de sus repercusiones ambientales, la pesca ilegal también inflige un daño socioeconómico significativo en las comunidades costeras. Los pescadores artesanales y las industrias pesqueras legales sufren pérdidas económicas considerables debido a la competencia desleal, lo que afecta su sustento y la estabilidad económica de las regiones ribereñas.

Se estima que la pesca ilegal en aguas argentinas genera pérdidas entre USD 1.000 millones y U$D 2.600 millones cada año. Argentina es uno de los tres países más perjudicados por esta actividad ilegal en el mundo.



Dentro de un problema Mundial

Un estudio reciente llevado a cabo por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) revela la preocupante posición de Argentina como el tercer país más afectado por la pesca ilegal a nivel mundial, liderando este problema en América Latina. Sin embargo, no está sola en este desafío, ya que otros países también enfrentan importantes dificultades debido a esta práctica ilícita.

Indonesia, aunque no figura en el top tres a nivel global, experimenta considerables pérdidas debido a la pesca ilegal, siendo uno de los países más afectados. Ecuador, por su parte, se sitúa en el séptimo lugar a nivel mundial y encabeza el top 10 de naciones latinoamericanas con prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

España, China y Rusia, con sus extensas costas y la relevancia económica de sus pesquerías, también se encuentran entre los países más perjudicados por esta problemática. Asimismo, Tailandia y Camboya, países de Asia y África que son importantes exportadores de pescado a Europa, enfrentan desafíos debido a la falta de controles adecuados en sus flotas y capturas.



Es crucial adoptar medidas enérgicas para erradicar esta actividad ilícita y proteger tanto el ambiente marino como las comunidades costeras que dependen de él. Las autoridades Argentinas deben multiplicar los esfuerzos por combatir la pesca ilegal mediante medidas de vigilancia y control, y reconocer la necesidad de una mayor cooperación internacional y una acción coordinada entre los países para abordar eficazmente este problema transfronterizo. No es la simpleza del libre comercio.